Orsi sobre vehículos militares: son recursos «que no lo podemos tener parados»

El presidente de la República reafirmó su intención de integrar infraestructura del Ejército Nacional a las tareas de patrullaje en zonas críticas.

El presidente Yamandú Orsi se pronunció este martes sobre la polémica en torno a la posibilidad de utilizar vehículos blindados del Ejército para reforzar la seguridad en barrios con altos índices de delitos violentos.

«Los recursos que el Uruguay tiene no los puede tener parados, los tiene que poder utilizar», expresó. En este sentido, explicó que el objetivo central es suplir carencias de infraestructura del Ministerio del Interior. «La idea es tener blindados para poder trabajar mejor en las calles», afirmó.

Orsi contextualizó la iniciativa recordando que la colaboración entre las fuerzas militares y la seguridad pública no es un fenómeno nuevo, citando como ejemplos la vigilancia fronteriza y la custodia de perímetros carcelarios, tareas que ya son ejecutadas por el Ejército Nacional.

No obstante, el presidente explicó que aún resta definir aspectos técnicos y legales fundamentales, como la instrucción del personal que operará estos vehículos y el marco jurídico que habilitará la operación.

Para avanzar con la propuesta, Orsi confirmó que mantiene diálogos con los ministros de Defensa, Interior y Economía. El mandatario sugirió que, al igual que los militares destacados en cárceles reciben una compensación adicional, se deberá contemplar un incentivo o un mecanismo de «pase en comisión» para el personal que maneje estos vehículos, tema que será tratado formalmente en el próximo Consejo de Ministros.

La Ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, aseguró que el plan no vulnerará preceptos constitucionales y enfatizó que los roles de cada cartera están claramente definidos.

Por su parte, la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, aclaró que, independientemente de quién conduzca los blindados —mencionando específicamente los vehículos Mamba MK7 donados por Estados Unidos—, las tareas de seguridad seguirán bajo mando policial.

Mientras tanto, el tema genera reacciones encontradas en el ámbito político. Entre otros debates, existe la discusión sobre si la iniciativa requiere, o no, de una nueva ley que habilite esta colaboración entre instituciones para combatir el narcotráfico y la inseguridad en la capital.